11-M: El 76% de los ciudadanos, afirma que no se sabe toda la verdad

 

OPINION   Impresiones Los ciudadanos también creen que el 11-M es un 'caso abierto' El pasado 17 de julio, el Tribunal Supremo (TS) pulverizó las tesis de la Fiscalía sobre el 11-M al ratificar la absolución de los tres islamistas acusados de ser los inductores de la matanza y al poner en libertad a otros cuatro condenados por la Audiencia Nacional. La sentencia del TS ponía en evidencia el fracaso del Estado de Derecho en la investigación y constataba que todavía queda mucho por esclarecer. Según se desprende del chequeo que hoy publicamos, también la gran mayoría de los ciudadanos piensa de este modo. Nada menos que un 76,5% de los españoles afirma que aún no se conoce toda la verdad (frente a un 19,8% que cree lo contrario), y más de un 73% sostiene que se debe seguir investigando. Además, uno de cada dos descarta que los suicidas de Leganés fueran los cerebros de los atentados y hasta un 33% ni siquiera cree que fueran sus autores. Las dudas sobre estos aspectos claves de una versión oficial que ha sido además rechazada por el más alto tribunal del país, ponen de manifiesto que el 11-M no puede considerarse en modo alguno un caso cerrado. En EL MUNDO asumimos como propios los deseos de conocer la verdad de la mayoría abrumadora de los ciudadanos porque, después de cuatro años y casi cinco meses, es evidente que hay más incógnitas que certezas en torno a aspectos sustanciales de la matanza. Aún no sabemos quién montó las bombas, ni la composición real de los explosivos, ni quién y cuándo dio la orden de atentar. También persisten decisivos interrogantes sobre la cuestionable actuación de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad, ya que nada menos que 24 de los 29 procesados por el 11-M, los siete suicidas de Leganés y tres de los cuatro huidos estaban siendo vigilados, seguidos o escuchados. En EL MUNDO nos reafirmamos en nuestra determinación de seguir investigando hasta descubrir toda la verdad sobre el 11-M. El 76% afirma que no se sabe toda la verdad Convencer sólo a uno de cada cuatro españoles es convencer poco, pero ése es el pobre balance que hacen los españoles cuando se les pregunta si, camino del quinto aniversario del 11-M, se conoce ya todo lo que sucedió. Ni mucho menos. Esa misma y abrumadora proporción de ciudadanos responde que a la investigación sobre el mayor golpe que nos ha asestado el terrorismo todavía le queda mucho por hacer.        MANUEL MARRACO MADRID.- «Cuatro años y algo más de tres meses después, el Tribunal Supremo dicta, sobre estos hechos, la sentencia definitiva en esta causa en el ámbito de la jurisdicción penal». Las palabras con las que el pasado 17 de julio el Alto Tribunal abrió solemnemente la sentencia sobre el 11-M casan mal con la opinión que, apenas unos días antes, los españoles transmitían a EL MUNDO: tres de cada cuatro (76,5%) consideran que no se conoce aún «toda la verdad sobre el 11-M». El conflicto entre ambas posturas lleva a concluir que sólo se llevó al banquillo parte de lo que sucedió, y que sólo ha recibido el carpetazo de la vía penal. Sobre todo lo demás aún no se ha dicho la última palabra. En palabras del magistrado que presidió la vista oral, Javier Gómez Bermúdez, el del 11-M fue «el primero de los juicios» por la masacre. En el caso de los votantes socialistas, quienes consideran que no se conoce toda la verdad suman un considerable 62%, cifra que se dispara hasta el 90% entre quienes votaron al PP el pasado mes de marzo. Visto desde el otro lado, apenas un tercio de los socialistas cree que se conoce todo lo que sucedió, frente a un escuálido 6,5% de los populares. Dado el rotundo escepticismo de los españoles, resulta inevitable la respuesta a otra de las preguntas formuladas por este diario: si consideran cerrado y aclarado el atentado tras la sentencia o cree que hay que seguir investigando. De nuevo una amplia mayoría (73%) apuesta por continuar las pesquisas, frente a los que piensan que el asunto está cerrado y aclarado (22%). En este apartado, los socialistas triplican a los populares. Cuando los encuestados afirman que sí se debe seguir investigando, no es probable que tengan en mente sólo a las Fuerzas de Seguridad. De hecho, preguntados sobre quién ha puesto más interés en esclarecer lo sucedido, la Policía Nacional y la Guardia Civil quedan por detrás de los medios de comunicación -que se llevan el apoyo de un tercio de los españoles-. En el empeño también superan holgadamente a Gobierno y oposición. Una parte de esa mayoría escéptica lleva su duda incluso a aspectos nucleares de la versión oficial. Así, uno de cada tres españoles responde no incluso cuando se le pregunta si considera que los siete suicidas de Leganés fueron los autores del atentado. A eso se añade que hay un sorprendentemente alto 24% que no se pronuncia porque parece que también tiene sus dudas. En este aspecto, y volviendo a lo establecido por el Supremo, los encuestados se acercan más a la cautelosa afirmación del Alto Tribunal de que «algunos» de los suicidas participaron en la masacre, frente a la rotundidad con la que la Audiencia les atribuyó a todos ellos la autoría. Si las dudas -más bien, convicciones opuestas a la versión oficial- aparecen sobre su participación en el atentado, aún son más elevadas respecto a si los cerebros de la masacre se encontraban entre quienes volaron por los aires el 3 de abril de 2004, como mantuvo la Fiscalía tras conocer las absoluciones de quienes durante años presentó como ideólogos. Eso supone que la mitad de los españoles no comparte la idea aireada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que El Tunecino tuviera capacidad y ascendiente para ello. Por contra, uno de cada cuatro cree que sí, que el cerebro del 11-M murió en Leganés. La encuesta se extiende a aspectos que, pese a no estar relacionados directamente con el atentado, sí se han visto influidos por el 11-M. Así, cuando ya han pasado cuatro años, la mayoría de los españoles son partidarios de adoptar «medidas especiales de control» sobre los musulmanes que viven en España. Los partidarios doblan claramente a quienes se oponen a esas medidas (65% frente a 29%). En este apartado, las mujeres son más duras que los hombres, los mayores más que los jóvenes y los populares más que los socialistas. El peor atentado, la mayor investigación y muchas incógnitas La masacre del 11-M desencadenó una gran operación de captura que en más de cuatro años no ha logrado responder a numerosas preguntas esenciales MANUEL MARRACO MADRID.- El atentado duró tres minutos, el tiempo que pasó entre el estallido de la primera y la décima bomba. A las 7.40 horas del 11 de marzo de 2004, la mayor masacre terrorista en suelo europeo se había consumado y abría una investigación de proporciones equivalentes. En paralelo a la vía policial, el atentado fue ofreciendo sus secuelas: una gigantesca manifestación contra el terrorista equivocado, una agitada jornada de reflexión, un cambio de Gobierno, un suicidio colectivo, la retirada de las tropas españolas de Irak, una Comisión de Investigación y, desde entonces, una presencia en el debate político que sólo ahora parece diluirse. El sumario 20/2004, cerrado oficialmente por el Tribunal Supremo a mediodía del pasado 17 de julio, se abrió a las 8.50 horas del día de los atentados con un fax policial dirigido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional. Ofrecía al juez Juan del Olmo las primeras cifras de fallecidos -lejos aún de los 191 finales- y se convertía en el primer folio de un puzle gigantesco que rozaría los 100.000. Se tradujeron en 116 imputados, 29 acusados, 21 condenados por la Audiencia Nacional y, cerrando la cuenta menguante, 18 condenas del Supremo. De éstas -dejando al margen a los suicidas, instalados en un limbo procesal irresoluble- sólo tres lo eran directamente por el atentado. Junto a líneas acertadas de investigación, que concluyeron en condenas y en la reconstrucción de parte del atentado, la instrucción condujo a caminos sin salida que sólo levantaban más interrogantes como, por ejemplo, la sorprendente presencia de Kalaji, el ex policía en cuyas tiendas se liberaron los móviles. También incluyó informes policiales que encontraban a Al Qaeda con una frecuencia sorprendente (a los que las absoluciones han propinado el mayor ridículo de la investigación) y, sobre todo, ofreció respuestas tan endebles a preguntas esenciales que no resistieron el examen de los tribunales: ¿Quién tenía los conocimientos para montar las bombas? ¿Quién compró los teléfonos? ¿Cómo se explica la aparición de algunas sustancias en los focos de los atentados? ¿Quién dio la orden de atentar? ¿Cuándo? En todos los casos, de las tesis propuestas por la versión oficial no hay rastro en las sentencias de la Audiencia y del Tribunal Supremo. La actuación policial En las primeras semanas de investigación, la identidad de algunos detenidos abrió un frente inesperado: la cuestionable actuación de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad, que tuvieron a su alcance evitar la tragedia y que, en la confusión político-policial que le siguió, manejaron datos esenciales. La Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI controlaban de alguna manera a casi la totalidad de los procesados. El cálculo es rotundo: 24 de los 29 procesados, los siete suicidas de Leganés y tres de los cuatro huidos estaban siendo vigilados, seguidos o escuchados. A 18 los investigaban dos cuerpos o unidades a la vez. Y aun así, pasó. Junto a las previsibles detenciones de quienes rodeaban a los suicidas, el deseo de ofrecer un esquema de atentado tradicional islamista -cuanta más Al Qaeda, más reproche al Gobierno anterior- llevó a la Policía y a la Fiscalía a la búsqueda, captura y exhibición pública de los supuestos mandados de Osama bin Laden que planificaron el 11-M. La campaña por toda Europa dio como fruto las detenciones de El Egipcio, Yusef Belhadj y Hasan Haski. La Audiencia primero, y el Supremo después, exoneraron a los tres de cualquier relación con el atentado, pese a que habían sido, según la fiscal Olga Sánchez, «los más importantes de la investigación». El camino hacia Al Qaeda seguía sin cubrirse. Pese la abundancia de preguntas, no se vislumbra que haya respuestas al caer. La Audiencia Nacional mantiene abiertas algunas diligencias vinculadas a la masacre de las que apenas se ha obtenido fruto. La más prometedora es la que sigue intentando poner nombre a media docena de rastros genéticos anónimos que, por la frecuencia y lugar en que han sido encontrados, podrían pertenecer a algunos implicados en la masacre. Pero lo sucedido en el caso del único ADN que ha sido identificado no es alentador. Se trata del marroquí Abdelilah Hriz, encarcelado en su país y sin posibilidad de que sea entregado a España. No ha confesado nada y, pese a que el juez Del Olmo le situaba como autor de los atentados, sólo se le acusa de pertenecer a una célula terrorista. Tampoco hay que confiar en que los huidos, caso de ser capturados, hablen. Porque nadie lo ha hecho hasta ahora y, sobre todo, porque lo más probable es que hayan muerto, menguando aún más las posibilidades de que tantas preguntas clave acaben cruzándose con su respuesta. Entre el ímpetu policial y la precaución judicial El impulso a las detenciones ha chocado en ocasiones con el criterio de los tribunales MADRID.- Unión, Sello, Chacal, Camaleón, Suez, Tigris, Nova... Son los nombres de algunas de las operaciones contra presuntos islamistas que han tenido lugar tras el 11-M. El atentado de Madrid supuso un revulsivo a la actuación policial y judicial y se llevó por delante la repetida tesis de que España era simplemente un país de paso y refugio para islamistas. Desde entonces, limitarse a vigilar los movimientos de los grupos islamistas suponía asumir un riesgo demasiado grande. Las detenciones se dispararon. En 2001 fueron 18. La cifra bajó a 10 en 2002 y subió a 34 en 2003. En 2004 hubo 131 detenidos, la mayoría vinculados al 11-M. En 2005 fueron 108; bajaron a 26 en 2006, y volvieron a subir en 2007, con 47 arrestos. En lo que llevamos de año, ya superan los 30. El 11-M había tenido lo que podría considerarse como un precedente incruento, insuficiente para asumir que algo de tal magnitud podía llegar. A finales de 2001, al calor del asombro internacional por el 11 de Septiembre, el juez Baltasar Garzón puso en marcha la operación Dátil, que llevó a la detención de Edin Barakat Yarkas, Abu Dahdah. Este fue condenado como jefe de una célula terrorista, pero ni él ni nadie del banquillo cumplió pena por nada relacionado con esos atentados, en una rebaja de las tesis acusatorias similar a la acontecida en el 11-M. Había otro paralelismo ente ambos casos. En los dos se desveló que los islamistas llevaban largo tiempo siendo investigados, sin que se actuara antes de que se produjera la masacre. La prueba de que se podía haber actuado antes la encarnaba el confidente Cartagena, un imam que había venido informando de la evolución de islamistas tan relevantes como El Tunecino, fallecido en el suicidio colectivo de Leganés. Con dudoso humor, Garzón le asignó como nombre clave la fecha de los atentados. Cartagena salió a la luz como pieza clave de la operación Nova, la más espectacular tras el 11-M. Las condenas de la Audiencia Nacional por esta causa aún están pendientes de revisión por el Supremo, que ha venido rebajando casi sistemáticamente las prisiones decretadas por el tribunal antiterrorista, que a su vez ha absuelto a buena parte de los acusados de islamismo. En su última sentencia sobre islamismo, la del 11-M, el Supremo aquilató los requisitos para probar la integración de un acusado en una célula terrorista y dejó un listón claramente por encima del aplicado en los últimos años: «No basta demostrar que el acusado piensa de una determinada manera, o que contacta o se relaciona con otros de la misma o similar ideología. Es necesario, mediante la constatación de hechos significativos, probar, al menos, que ha decidido pasar a la acción». La relevancia de esta frase para todas las investigaciones presentes y futuras se demuestra con la reciente petición fiscal de pedir la libertad para Moutaz Almallah, arrestado, ni más ni menos, que como el enlace de Al Qaeda con el 11-M.